Por Alex Godoy, director de Chapter Zero Chile.
Durante años lo dijimos casi como una fórmula: el cambio climático terminaría entrando en los balances. Dejaría de ser una discusión sobre grados Celsius, emisiones o escenarios futuros, y empezaría a expresarse en primas de seguros, en hipotecas, en el costo de capital, en la deuda pública, en activos que un día, sin aviso, valen menos de lo que valían el día anterior. Lo repetíamos casi como una advertencia abstracta, de esas que se enuncian sin terminar de creer del todo que llegarán a cumplirse. Hasta que llegó el día.
Esta semana Verisk publicó su informe anual sobre pérdidas catastróficas modeladas, y la cifra que recogió el Financial Times es de las que cuesta leer y seguir haciendo otra cosa. Las catástrofes naturales representan hoy, en el mundo, pérdidas económicas esperadas superiores a US$450 mil millones anuales. De esa cifra, sólo unos US$171 mil millones están cubiertos por seguros. El resto, cerca de 62%, queda fuera del sistema asegurador y debe ser absorbido por hogares, por empresas o, directa e indirectamente, por los Estados. No es una predicción de lo que ocurrirá este año en particular, conviene aclararlo, es una pérdida anual promedio, modelada sobre un enorme conjunto de escenarios posibles. Pero es, precisamente por eso, más inquietante que una predicción puntual: describe una tendencia de fondo, no un accidente. La cifra completa es enorme. Sin embargo, creo que lo verdaderamente importante no son los US$450 mil millones. Son los US$279 mil millones que nadie asegura. Porque un riesgo no desaparece cuando deja de estar asegurado. Simplemente cambia de dueño.
Una familia reconstruye con sus ahorros. Una empresa posterga inversiones que ya tenía decididas. Un banco descubre, demasiado tarde, que la garantía sobre la que prestó vale menos de lo que su propio modelo suponía, o que los fondos de pensiones están sobre empresas vulnerables. Un municipio repara infraestructura que nunca contempló en su presupuesto. El Estado reconstruye caminos, viviendas, escuelas, o entrega subsidios a quienes ya no tienen cómo absorber la pérdida por sí mismos. Lo que comenzó como un evento físico, una lluvia, un incendio, una marejada, termina, varios pasos después, apareciendo en un balance. Y esa es, sospecho, una de las transformaciones económicas menos comprendidas del cambio climático, porque esta no ocurre de golpe, sino por traspasos sucesivos, de un actor a otro, hasta que alguien sin capacidad de seguir traspasándola se queda con ella.
En una columna anterior escribía sobre la entrada a un mundo de overshoot, un escenario en que el desafío climático ya no consiste únicamente en evitar cruzar, así sea temporalmente, los 1,5°C, sino en gobernar sociedades mientras permanecemos por algún tiempo sobre ese umbral, intentando después reducir el calentamiento. Vivir dentro del overshoot, sin embargo, tiene consecuencias económicas muy concretas, y probablemente más inmediatas de lo que asumimos. Cada décima adicional no es simplemente otro punto en un gráfico que sube. Modifica probabilidades, cambia la frecuencia y la severidad de ciertos eventos físicos, amenazas naturales que hemos visto por semanas en televisión y revistas, altera distribuciones de pérdidas enteras. Y esas probabilidades, tarde o temprano, son traducidas por aseguradoras, bancos, inversionistas y gobiernos en precios. Por lo tanto, el clima entra en la economía, en otras palabras, a través del riesgo.
Hay, sin embargo, una segunda cuestión menos evidente, y quizás más difícil de resolver, que recién estamos empezando a comprender bien. Para poner precio al riesgo, primero hay que saber qué es exactamente lo que se está poniendo en riesgo. Parece obvio. No lo es.
Una conversación reciente con un economista que trabaja en África me hizo volver sobre esta pregunta desde un ángulo bastante distinto al de los mercados financieros. Su trabajo parte de algo que suena elemental hasta que se piensa dos veces: antes de decidir qué infraestructura construir, qué paisaje restaurar, qué proyecto financiar o qué intervención realizar, hay que establecer con la mayor precisión posible qué existe realmente en el terreno, qué ha cambiado, qué funciona, qué ha dejado de funcionar y, acaso lo más importante, qué cosas simplemente no sabemos todavía. Existe una distancia considerable, y con frecuencia se nos olvida, entre lo que fue diseñado en un plano, lo que los documentos afirman que fue construido, lo que efectivamente existe hoy sobre el terreno, y la forma en que ese activo funciona después de años de uso, modificaciones y deterioro silencioso. Para un ingeniero, esa distancia puede parecer evidente. Para un modelo financiero, no siempre lo es.
Buena parte de nuestra capacidad de manejar riesgo descansa, de hecho, en hacer exactamente lo contrario, normalizar. Creamos categorías, clasificamos activos, estimamos curvas de vulnerabilidad, agregamos millones de observaciones para poder compararlas entre sí. Sin esa estandarización no existirían los mercados modernos de seguros, ni buena parte de la gestión cuantitativa del riesgo tal como la conocemos. El problema aparece cuando confundimos la capacidad de modelar una categoría con el conocimiento real del activo particular que esa categoría representa.
Dos edificios en la misma zona inundable pueden aparecer con una exposición prácticamente idéntica en un modelo, y tener sin embargo riesgos muy distintos, porque uno mantiene adecuadamente sus sistemas de drenaje y el otro los dejó de mantener hace una década. Dos infraestructuras construidas originalmente bajo las mismas especificaciones pueden llegar, treinta años después, con condiciones estructurales completamente diferentes. Dos territorios sometidos a la misma precipitación pueden responder de manera muy distinta según cómo cambiaron, con los años, el suelo, el drenaje, la vegetación o los usos productivos. Por eso el riesgo no puede reducirse solamente a la amenaza. En su forma más simple, la ecuación dice: Riesgo = amenaza × exposición × vulnerabilidad.
El cambio climático está modificando la amenaza, sin duda. Pero nuestras propias decisiones económicas y territoriales determinan buena parte de la exposición y la vulnerabilidad, y ahí tenemos, a diferencia de la amenaza, un margen de acción mucho más directo.
De hecho, uno de los mensajes más interesantes del informe de Verisk es precisamente que el crecimiento de las pérdidas no se explica únicamente por un clima cambiante. Hay cada vez más activos ubicados en lugares expuestos, y esos activos son, además, cada vez más caros de reemplazar. La compañía estima que la exposición inmobiliaria en los países que modela ha crecido alrededor de 7% anual desde 2021. En Estados Unidos, los costos de reconstrucción residencial han aumentado aproximadamente 5% anual en ese mismo período. Seguimos, en otras palabras, acumulando valor en zonas de inundación, de incendios, de otros peligros conocidos. No sólo estamos heredando riesgo climático. También estamos fabricando, con nuestras propias decisiones de dónde construir, riesgo financiero nuevo.
Y aquí aparece una paradoja que debería incomodar bastante más a quienes toman decisiones de inversión; que mientras más sofisticados son nuestros modelos, mayor puede ser la tentación de creer que la precisión del resultado equivale a precisión sobre la realidad física subyacente. No necesariamente es así.
En Mauritania, por ejemplo, el problema que discutíamos con este economista era un paisaje rural donde el estancamiento de agua, la erosión, el drenaje y los usos productivos interactúan de maneras que ningún modelo agregado captura bien. La primera pregunta, en ese contexto, no debería ser necesariamente qué obra nueva construir, sino si realmente entendemos el sistema existente, qué sucede aguas arriba, qué ocurre aguas abajo, qué cambió y por qué cambió. En Somalia la pregunta era distinta, y en cierto sentido más incómoda, algo que a primera vista aparece como un problema climático o de gestión de desastres puede ser, en realidad, la manifestación final de un deterioro mucho más amplio y más lento de los medios de vida y la resiliencia económica de una comunidad. Cuando ese deterioro finalmente aparece en las estadísticas convencionales de desastre, es probable que el diagnóstico esté llegando varios años tarde. Ambos ejemplos, aunque vienen de un mundo aparentemente alejado de las finanzas, contienen una lección que vale también para los mercados de capital. Antes del modelo viene el diagnóstico.
Esto no significa reemplazar datos por intuición; significa exactamente lo contrario. Los modelos catastróficos, las imágenes satelitales, los sensores, la inteligencia artificial y las mejores bases de datos nos están permitiendo observar riesgos que hace apenas unos años no podíamos siquiera cuantificar. Pero los datos no eliminan automáticamente el problema de contexto. Hay cosas que un modelo puede estimar con una precisión asombrosa y, aun así, estar respondiendo la pregunta equivocada. Por eso la experiencia, el conocimiento contextual y hasta el ojo humano entrenado siguen teniendo un valor económico real. No porque compitan con el modelo, sino porque son capaces de reconocer cuándo la realidad física dejó de corresponder a los supuestos sobre los que ese modelo fue construido hace cinco, diez o veinte años.
Para un inversionista, una aseguradora o un banco, esto debería leerse como una advertencia seria. La próxima generación de evaluación de riesgo climático probablemente tendrá que unir dos mundos que hasta ahora hemos tratado por separado, la de modelos globales cada vez más sofisticados, y diagnóstico físico cada vez más granular. No bastará con saber que un activo está localizado dentro de determinado polígono de riesgo climático. Habrá que saber qué activo existe realmente ahí, cómo fue construido, cómo ha sido mantenido, qué modificaciones sufrió con los años, de qué infraestructura depende, cómo funciona hoy, en la práctica, más allá de lo que digan los planos originales. Esa es también, en el fondo, una pregunta de due diligence. Y puede terminar siendo, sin que lo notemos del todo, una pregunta de valoración.
Porque el seguro tiene límites, y esos límites ya se están tocando en algunos mercados. Cuando un riesgo se vuelve demasiado frecuente, demasiado correlacionado o demasiado costoso, la aseguradora puede subir las primas, aumentar los deducibles, reducir las coberturas o, simplemente, retirarse. En Estados Unidos ya hemos visto compañías reduciendo su exposición en lugares como California y Florida frente al aumento del riesgo y de los costos asociados a las catástrofes. Aquí comienza una cadena que debería interesar bastante más allá de la industria aseguradora.
Si una vivienda se vuelve demasiado cara de asegurar, puede hacerse más difícil hipotecarla. Si es más difícil financiarla, puede perder compradores. Si esto ocurre de manera sistemática y no aislada, comienza a afectar el precio de los activos de toda una zona, el patrimonio de las familias que viven ahí, la actividad económica local, incluso la base tributaria del municipio. Investigaciones recientes en Estados Unidos ya están empezando a documentar precisamente estas cascadas entre retirada del seguro, mercado hipotecario, valor inmobiliario y actividad económica local. Un territorio, vale la pena subrayarlo, ni siquiera necesita volverse físicamente inhabitable para empezar a perder valor económico. Puede bastar con que se vuelva, año tras año, progresivamente más difícil de financiar.
Eso cambia también, creo, la discusión sobre desigualdad climática. Hasta ahora hemos hablado principalmente de quién está más expuesto a sequías, inundaciones, incendios o temperaturas extremas. En las próximas décadas vamos a tener que distinguir, además, entre quienes tienen capacidad para absorber, transferir y financiar esos riesgos, y quienes no la tienen. Entre quienes pueden asegurar, reconstruir y adaptarse, y quienes deben absorber una pérdida después de otra, sin red. Ahí aparece, inevitablemente, el Estado, y la discusión se vuelve política.
Cuando el seguro privado se retira, la vivienda sigue existiendo. La familia sigue viviendo ahí. La carretera sigue siendo necesaria. La escuela debe reconstruirse igual, con seguro o sin él. El territorio no desaparece porque una aseguradora haya decidido que ya no quiere asumir el riesgo. Alguien, de todos modos, termina haciéndolo. El riesgo climático se transforma entonces en un pasivo contingente para las finanzas públicas: una deuda que no figura en ningún registro oficial, pero que está ahí, esperando el evento que la haga exigible. El clima pasa, así, de la atmósfera al balance fiscal.
Para Chile, creo que esta discusión debería comenzar antes de que las señales sean demasiado evidentes, no después. Incendios, inundaciones, sequías, marejadas y otras amenazas ya no pueden seguir siendo vistos exclusivamente como problemas ambientales o de emergencia. Son, también y quizás sobre todo, problemas de valoración de activos, de infraestructura, de seguros, de crédito, de inversión y de riesgo soberano. Eso requiere algo bastante más exigente que simplemente mejores modelos, requiere conocimiento, saber dónde estamos construyendo, qué estamos asegurando realmente, en qué condición física se encuentra nuestra infraestructura más allá de lo que digan los expedientes, y qué parte de lo que creemos conocer proviene de evidencia verificada, qué parte proviene de registros administrativos que nadie ha actualizado en años, y qué parte, simplemente, de supuestos que hace tiempo dejamos de cuestionar.
Durante muchos años discutimos cuánto costaría actuar frente al cambio climático. Después discutimos cuánto costaría adaptarnos. Ahora empezamos a descubrir una tercera pregunta, menos cómoda que las dos anteriores, ¿cuánto vale realmente aquello que pensamos que estábamos protegiendo?, ¿bajo qué condiciones seguirá siendo financiable?, y ¿quién va a asumir el riesgo el día en que el mercado decida, sin pedir permiso, que ya no quiere seguir haciéndolo? Decíamos que algún día el cambio climático llegaría a los balances.
Hasta que llegó el día.
Fuente: El Mercurio Inversiones