Por Juan Carlos Olmedo, ambassador Climate Governance Initiative
Miembro Chapter Zero Chile
Durante años, el cambio climático fue tratado en los directorios como un tema reputacional, un asunto de sostenibilidad o en el mejor de los casos, una variable estratégica de largo plazo. Hoy, esa mirada no solo está obsoleta: es jurídicamente riesgosa.
El más reciente informe Directors’ Duties Navigator, Climate Risk and Sustainability Disclosures – 5th edition, 2026¨preparado por Chapter Zero Alliance, en que aborda los deberes de directores en Chile, es categórico en señalar que el cambio climático ha dejado de ser un tema “ESG” para convertirse en un riesgo financiero material, previsible y exigible. Esto no es una interpretación académica, sino una realidad regulatoria y legal.
Chile, que ha liderado la agenda climática en la región Latinoamericana con una meta explicita de carbono neutralidad al 2050, está trasladando ese objetivo al corazón del gobierno corporativo de las organizaciones. Hoy, los Directorios no solo deben conocer estos riesgos: deben gestionarlos, integrarlos en la estrategia y responder por ellos. La implicancia es profunda.
Primero, el riesgo climático ya no es externo a la empresa. Desde hace más de 10 años vivimos sequías, eventos extremos como inundaciones y olas de calor o cambios regulatorios que afectan directamente los flujos de caja, el valor de los activos y la continuidad operacional. Ignorarlos no es neutral, deben ser abordados, y en el marco actual, la falta de adopción de medidas podría constituir una falta al deber de diligencia.
Segundo, la información climática dejó de ser voluntaria. Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de los estándares IFRS S1 y S2, que conectan la sostenibilidad con los estados financieros. Estos estándares obligan a identificar, medir y reportar cómo los riesgos climáticos impactan los ingresos, costos, activos y estrategia de la empresa. En Chile, esta transformación se articula a través de la regulación de la Comisión para el Mercado Financiero. La NCG 461 exige reportar riesgos ESG como parte integral de la memoria anual, mientras que la NCG 519 avanza hacia la integración de estándares internacionales como IFRS S1 y S2. Esto implica que la sostenibilidad deja de ser un relato para convertirse en información financiera verificable. El cambio es estructural. Los Directorios deben asegurar que la información climática sea consistente con los estados financieros, esté basada en evidencia y refleje escenarios plausibles de riesgo. El cambio climático deja de ser una narrativa y pasa a ser una estimación contable.
Tercero, la responsabilidad es personal. La ley chilena contempla sanciones en caso de información falsa o incompleta. La Ley de Delitos Económicos eleva el estándar, incorporando riesgos asociados a la información ESG.
El precedente internacional ya está definido. En 2021, un tribunal en Países Bajos ordenó a Shell reducir sus emisiones en 45% al 2030, argumentando que la empresa tenía un deber de cuidado frente al cambio climático. Dos años después, inversionistas intentaron demandar directamente a sus directores por no gestionar adecuadamente este riesgo. Aunque la acción fue desestimada, el mensaje quedó instalado: la estrategia climática ya no es solo una decisión empresarial, es una responsabilidad fiduciaria. Chile aún no ha llegado a ese punto, pero el marco regulatorio y financiero ya está alineado en esa dirección.
En este contexto, la gobernanza climática no es un “nice to have”. Es parte del núcleo del deber fiduciario.
Pero limitar la gobernanza climática a la gestión de riesgos es quedarse a mitad de camino. En un contexto global orientado a la descarbonización, este también es un espacio de transformación estratégica. Las empresas que integran tempranamente estos criterios no solo reducen su exposición regulatoria o financiera, sino que redefinen su modelo de negocio, acceden a nuevas fuentes de financiamiento y capturan oportunidades en mercados cada vez más exigentes en materia de emisiones. La gobernanza climática, bien entendida, no es solo un mecanismo de control: es una plataforma para anticipar cambios tecnológicos, reposicionar activos y construir ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. En otras palabras, no se trata solo de evitar pérdidas, sino de asegurar relevancia futura.
Pero hay un punto aún más relevante: el mercado ya se adelantó a la regulación. Inversionistas institucionales están utilizando la información climática para evaluar riesgo y decidir sus inversiones y asignación de capital. Las empresas que no demuestren una gobernanza robusta enfrentarán un mayor costo de financiamiento.
La pregunta ya no es si integrar el cambio climático en el directorio, sino cómo hacerlo bien. Esto implica incorporar capacidades reales en el directorio, integrar estos riesgos en la estrategia y asegurar la calidad de la información reportada. El desafío ya no es técnico ni regulatorio. Es de gobierno corporativo.
Los estándares están definidos, los riesgos son conocidos y las exigencias del mercado son claras. Lo único que queda por ver es si los directorios están dispuestos a asumir el rol que les corresponde.
Porque en este nuevo escenario, la inacción ya no es neutral. Es una decisión. Y como toda decisión, tiene consecuencias. En Chile, el cambio climático ya entró al balance. La pregunta es si ya entró al directorio.