Alex Godoy-Faúndez, director de Chapter Zero Chile
Los eventos climáticos extremos que han afectado a Chile durante los últimos días nos obligan a formular una pregunta incómoda: ¿cuánto de lo ocurrido era realmente imprevisible? La respuesta es particularmente relevante para quienes toman decisiones sobre inversiones, infraestructura y continuidad de negocios. Porque una cosa es no poder evitar una lluvia intensa, un aluvión o una inundación, y otra muy distinta es no haberse preparado para sus consecuencias cuando buena parte de los factores de riesgo ya eran conocidos.
El reciente aluvión en el sector de Quebrada Honda, en la precordillera de Santiago, ilustra esta diferencia. La combinación de una sequía prolongada, incendios forestales previos, pérdida de cobertura vegetal, alteraciones en las propiedades del suelo y precipitaciones intensas configura una cadena de condiciones que incrementa la vulnerabilidad territorial. Ninguno de estos factores resulta desconocido para la ciencia. Tampoco lo es la posibilidad de que lluvias intensas, asociadas a una isoterma cero elevada, desencadenen procesos de remoción en masa.
La lluvia constituye una amenaza natural. El desastre, en cambio, surge de la interacción entre esa amenaza, la exposición de personas y activos, y las vulnerabilidades acumuladas en el territorio. Esta distinción es fundamental porque desplaza la discusión desde aquello que no podemos controlar hacia aquello sobre lo que sí podemos decidir.
Chile dispone de información meteorológica, antecedentes históricos de desastres, estudios de cuencas, cartografías de amenazas y herramientas de modelación climática. Aunque esa información presenta diferencias de cobertura, resolución e incertidumbre, permite identificar numerosos escenarios de riesgo. El problema no es exclusivamente la ausencia de datos, sino nuestra limitada capacidad institucional y empresarial para convertirlos en decisiones oportunas.
Para los directorios, esta reflexión tiene consecuencias que van mucho más allá de la sostenibilidad corporativa. Cada evento extremo puede producir pérdidas visibles: instalaciones dañadas, caminos destruidos, maquinaria inutilizada o infraestructura que debe reconstruirse. Sin embargo, existe una segunda dimensión económica, frecuentemente subestimada, que rara vez aparece completa en las primeras estimaciones de daños. Son los costos ocultos del riesgo climático.
Una empresa puede no sufrir daños directos en sus instalaciones y, aun así, enfrentar interrupciones de suministro, dificultades logísticas, paralización de proveedores, ausentismo laboral, mayores costos energéticos o incumplimientos contractuales. Una carretera interrumpida puede afectar una cadena productiva completa. La pérdida de disponibilidad de agua puede reducir la capacidad operacional de industrias que se encuentran a cientos de kilómetros del lugar donde ocurrió el evento. Y una interrupción prolongada puede deteriorar relaciones comerciales, ingresos futuros y participación de mercado.
A ello se agregan efectos financieros menos evidentes: mayores primas de seguros, deducibles, activos que pierden valor, aumento de las necesidades de capital de trabajo y modificaciones en las condiciones de financiamiento. Una infraestructura diseñada sobre supuestos climáticos históricos puede presentar una vida útil económica menor a la proyectada. Una inversión aparentemente rentable puede dejar de serlo cuando incorpora adecuadamente sus riesgos físicos y las dependencias territoriales de su operación.
El costo de un desastre no equivale solamente al valor de lo destruido. También incluye el valor económico que deja de generarse y las oportunidades de inversión que se pierden.
Esta dimensión plantea un desafío para los modelos tradicionales de evaluación de proyectos. Seguimos tomando decisiones de inversión con horizontes de veinte o treinta años utilizando, en ocasiones, supuestos sobre estabilidad climática que ya no representan adecuadamente las condiciones futuras. El resultado puede ser una subestimación sistemática del riesgo y, por tanto, una asignación ineficiente del capital.
Desde la perspectiva de un directorio, la pregunta ya no debiera limitarse a si una empresa cuenta con seguros o protocolos de emergencia. Debiera incluir cuánto valor podría perder ante distintos escenarios climáticos, cuáles son sus dependencias críticas y qué inversiones preventivas permitirían reducir esas pérdidas.
Esto exige incorporar escenarios climáticos prospectivos en la evaluación de activos, revisar la exposición de las cadenas de suministro, desarrollar análisis de estrés físico y comprender las interdependencias entre agua, energía, transporte, infraestructura y ecosistemas. También requiere evaluar el costo de no adaptarse, comparándolo con las inversiones necesarias para aumentar la resiliencia.
La prevención suele aparecer en los presupuestos como un gasto que puede postergarse. La reconstrucción, en cambio, se convierte en una obligación ineludible. Esta asimetría genera incentivos equivocados: ahorramos en anticipación y terminamos pagando por interrupciones, reparaciones y pérdidas de productividad que pudieron haberse reducido.
Por ello, la adaptación climática debe dejar de entenderse como una responsabilidad exclusiva de las áreas de sostenibilidad. Es una cuestión de estrategia, gestión de riesgos, asignación de capital y supervisión del directorio. No basta con conocer la huella de carbono de una organización si desconocemos la vulnerabilidad física de los activos que sostienen sus ingresos.
La discusión tampoco puede limitarse a los perímetros de cada empresa. La resiliencia de una instalación depende de la resiliencia del territorio donde opera. De poco sirve proteger una planta si fallan los accesos, el suministro eléctrico, las redes de agua o los proveedores esenciales. La adaptación requiere, por tanto, coordinación entre empresas, autoridades, comunidades y actores financieros.
Los acontecimientos recientes debieran llevarnos a revisar una premisa fundamental: disponer de información sobre el riesgo no significa estar preparados para enfrentarlo. La verdadera preparación comienza cuando esa información modifica decisiones de localización, diseño, inversión, mantenimiento y planificación financiera.
Chile ha avanzado en su capacidad de responder a emergencias. El desafío pendiente es fortalecer nuestra capacidad de anticiparlas y reducir sus consecuencias. Para los directorios, esto implica comprender que la resiliencia climática no es únicamente una contribución al bienestar colectivo: es también una condición para preservar la productividad, la competitividad y el valor de largo plazo de las empresas.
La próxima catástrofe puede no ser evitable. Pero una parte importante de sus pérdidas sí podría serlo.
Y cuando la información existía, los riesgos eran identificables y las decisiones podían haberse tomado con anticipación, la pregunta que debieran hacerse los directorios no es solamente cuánto costó el desastre, sino cuánto de ese costo fue consecuencia de no haber actuado a tiempo.